STOP DESAHUCIOS MALLORCA EXIGE AL GOVERN BALEAR QUE REVISE LAS AYUDAS AL ALQUILER Y COMPENSE A LAS FAMILIAS ANTES DE QUE SE PUEDAN QUEDAR EN LA CALLE

Hoy jueves 18 de julio, en pleno ajetreo laboral de la temporada turística, termina el plazo de alegaciones a la lista provisional de ayudas al alquiler que podría dejar en la cuneta a 1000 o incluso a más de 2000 solicitantes, de entre ellos, la mayoría de ellos, los más necesitados de todos. Por ello, esta mañana acabamos de solicitar por escrito una reunión urgente con los nuevos responsables de vivienda del Govern Balear.

Hacemos un llamamiento al Govern a rectificar y a las familias trabajadoras y los afectados a la movilización. Convocamos a todos los afectados, que hayan tenido tiempo o no de presentar alegaciones, a contactar con Stop Desahucios por whatsapp al 603265889, así como a acudir a la próxima asamblea general de Stop Desahucios convocada para, este viernes 19 de julio de 18 a 21 hrs en Joan Alcover, 54 de Palma, en la que decidiremos próximas protestas, incluso de manifestación para evitar que las familias con más dificultades se queden sin ayudas y al borde del desahucio.

No podemos olvidar que las ayudas directas al pago del alquiler son una nefasta política de vivienda impulsada por la derecha y continuada por las izquierdas, que alimenta la burbuja del alquiler y contribuye al despilfarro de dinero público que va a parar a manos de los propietarios. Lo que conlleva que apenas se esté construyendo vivienda pública, mientras, no paran de subir los precios.

Sin embargo, para muchas familias, estas ayudas representan la única esperanza para evitar ser desahuciados a corto plazo en un momento en que:

Superamos los 1500 desahucios de alquiler al año en Baleares y creciendo.

Decenas de miles de inquilinos están pasando serias dificultades para pagar.

Miles y miles de inquilinos están esperando la espada de Damocles del final de contrato, sin más alternativa, en el mejor de los casos, que resistir por un tiempo al proceso judicial o enfrentarse a subidas que en ocasiones son de más del 100% del alquiler condenando a las familias a nuevos alquileres abusivos, a hacinarse en habitaciones, a tener que ocupar una vivienda de banco, a marcharse de la isla o incluso a quedarse en la calle.

A pesar de ello, el IBAVI, tan solo recibió 4763 solicitudes de ayuda del alquiler hasta noviembre de 2018. Cualquier observador externo no entenderá porque llegan  tan pocas solicitudes habiendo tanta necesidad de ayudas. Evidentemente, todo tiene explicación. Por lo que hemos podido observar en los últimos años, cuando los posibles solicitantes acuden a las oficinas del IBAVI, cientos o miles de ellos, son desalentados o no reciben la información que en realidad necesitan para tramitar las ayudas y poder exigir en cualquier caso, sus derechos a la administración y a los propietarios que les privan de las ayudas al incumplir con sus obligaciones legales.

Por ejemplo, muchos de los afectados no han llegado a tramitar ayuda porque la página web se lo impidió, porque el propietario no cumplió con su obligación de depositar la fianza. O bien, con el afán de ahorrarse muchos expedientes, algunos funcionarios que no reciben la formación adecuada, contribuyen a desanimar a las familias, a la hora de tramitar la ayuda, ni a presentar queja al propietario para que cumpla su obligación. El resultado de todo esto es que el inquilino sale enormemente perjudicado. Tan perjudicado sale, que a menudo, no puede demostrar que acudió con la intención de solicitar la ayuda.

Lamentablemente, la experiencia nos va demostrando que si no nos unimos para defender nuestros derechos, siempre puede ser peor. El pasado 5 de julio de 2019, se publicaron las listas provisionales de adjudicatarios de ayudas al alquiler del IBAVI de 2018, de las que con más de un año de retraso, del total de 4763 solicitudes, se excluye de la ayuda a un total de 2210 solicitudes, a pesar de que muchos de los supuestos errores no son tales, no son responsabilidad del inquilino o incluso ya fueron subsanados en el anterior período de alegaciones de la ayuda. Tanto es así, que en bastantes ocasiones da la impresión de que el IBAVI ni siquiera ha revisado la solicitud, puesto que vuelve a solicitar documentación, ya presentada desde el principio o desde el anterior período de alegaciones.

Esto arroja unos datos demoledores. De los 2210 excluidos, 612 han sido excluidos porque supuestamente, el propietario no ha depositado la fianza en el IBAVI, normalmente con el fin de defraudar a hacienda, o sea, a todos. Es obligación del propietario, la de depositar en el IBAVI, la fianza obligatoria que el inquilino entrega al propietario. Sin embargo, ni antes, ni después de la nueva ley de vivienda hemos tenido conocimiento de una sola sanción a un propietario por no depositar la fianza. Por otro lado, a cada convocatoria cientos o miles de solicitantes se quedan sin ayuda por esta u otras razones que dependen tan solo de la voluntad de cumplir por parte del propietario.

Cuando la administración deja tiradas a las familias, estas tan solo pueden acudir a la justicia gratuita para reclamar en los tribunales una indemnización equivalente al propietario. Así lo ha hecho una familia, miembros de Stop Desahucios Santa Maria del Camí que se quedó sin ayuda en 2017, por culpa de múltiples incumplimientos por parte de la propiedad, que ha reclamado y ya ha ganado el juicio frente a la propiedad.

Sin embargo, este año, la situación ha empeorado, debido a que otras 1119 familias excluidas,  lo son por supuestamente por no llegar a los ingresos mínimos exigidos.  La imposición de unos ingresos mínimos tan solo consigue reducir el número de beneficiarios de la ayuda, perjudicando especialmente a las familias que precisamente más lo necesitan, o sea, a las familias que según el Govern deberían de ser las principales beneficiadas de las ayudas.

Para colmo, se están produciendo errores masivos. Probablemente se trata de un error sistemático, en cadena, en la forma de cuantificar los ingresos mínimos que está dejando fuera a muchas familias que aunque superan este injusto requisito del mínimo de ingresos, el IBAVI, la forma de cálculo del IBAVI oculta una parte importante o incluso mayoritaria de los ingresos.

El IBAVI no debiera exigir un mínimo de ingresos como requisito, pero, en caso de hacerlo, debería de calcular el mínimo de ingresos  en base a los ingresos netos de la unidad familiar que corresponden a la casilla 17 de la declaración de la renta. Sin embargo, están usando los datos de la casilla 23 de la renta que corresponde a los rendimientos netos reducidos, es decir, después de descontar las deducciones autonómicas y personales de cada uno.

Por ejemplo, se puede dar el caso de una madre que siendo víctima de violencia machista, padeciendo discapacidad, con una hija menor de edad, que haya tenido unos ingresos netos de 9917,35 euros. Y tras las deducciones correspondientes, compute tan solo 717,35 euros, a la cual, el IBAVI le ha denegado la ayuda por no llegar a los ingresos mínimos, lo cual es evidentemente falso.

También se ha dado el caso de que una madre que combina un trabajo a tiempo parcial por cuenta ajena con algunos trabajos por cuenta propia, se ha quedado sin ayuda, a pesar de pagar impuestos por todos sus ingresos y cumpla todos los injustos requisitos.

No tiene ningún sentido lógico excluir a las familias que más lo necesitan con unos requisitos inadecuados y una aplicación aún peor de los mismos. Los beneficios fiscales para las familias son mínimos comparados con el enorme perjuicio.

Sin embargo, los procedimientos del IBAVI no solo son injustos, erróneos y lentos. Posteriormente, aparece la saturación de la justicia, que tal y como está diseñada, tan solo tiene prisas para una cosa, que es el desahucio exprés de alquiler por falta de pago, que es mucho más rápido e implacable que cualquier otra reclamación de derechos del inquilino, bien sea por vía administrativa o judicial, ambas, tremendamente lentas.

Lo peor, es que con estas medidas, se excluye precisamente a los colectivos que más lo necesitan, o sea, aquellos de los que más habla y dice defender la administración, o sea, a familias con pocos ingresos, con menores a cargo, mono-parentales, víctimas de violencia de machista, discapacitados o simplemente pobres o enfermas. Esta situación puede desencadenar decenas o cientos de desahucios sin alternativa en un futuro próximo.

HAY QUE EMPEZAR A DEMANDAR EN LOS JUZGADOS

La sentencia que han ganado los compañeros de Santa Maria del Camí abre el camino a que muchas familias puedan reclamar a tiempo sus derechos. Es necesario que cientos de familias se organicen para exigir soluciones a la administración y a la vez empezar a demandar en los tribunales los incumplimientos de los propietarios cuanto antes. En muchos casos, lo mejor es empezar a demandar las cantidades de dinero que pierde el inquilino por culpa del propietario, así como los arreglos de las viviendas que a menudo son alquiladas en malas condiciones y todos los incumplimientos legales cuanto antes, para evitar el abuso o incluso poder negociar nuevos contratos en condiciones dignas. Hay que perder el miedo y reaccionar antes de un posible impago o antes de la comunicación de fin de contrato.

El IBAVI podría ahorrar el mal trago a los inquilinos, si en lugar de denegar la ayuda  por no estar depositada la fianza, aumentara las multas a los propietarios, las exigiera con retroactividad y repercutiera el coste de la ayuda íntegramente al propietario incumplidor en lugar de perjudicar al inquilino que entregó de buena fe su fianza al propietario en su momento. Esta es una demostración práctica, de que la mayoría de las leyes y su aplicación están hechas para beneficiar a los propietarios y perjudicar a los inquilinos.

Hay que organizarse. Desde Stop Desahucios proponemos un frente unido en defensa del derecho a la vivienda. Pero, hay que empezar por algo. Esta cuestión es urgente y sangrante. Por eso, es una buena ocasión para empezar este frente común con un primer objetivo claro e inmediato

Exigimos al Govern Balear y al IBAVI:

  • Que deben buscar la forma de compensar a todas las familias que en la convocatoria de las ayudas dicen defender
  • Que se revisen todos los expedientes excluidos, independientemente, el hecho, de si el afectado ha tenido tiempo de presentar las alegaciones en este corto período de temporada alta de verano.
  • Que en la próxima convocatoria no se fijen mínimos.
  • Que se permita que los afectados puedan estar representados de manera colectiva en la revisión de sus expedientes con el funcionario que resuelve las solicitudes excluidas  y con el director de la sección (cargo de confianza de los responsables políticos) que revisa y firma las ayudas
  • Que las solicitudes en las que no estén depositadas las fianzas, se sancione ipso facto, de oficio, al propietario y se informe del resultado a los inquilinos.
  • Que las ayudas a las que únicamente les falte la fianza, se otorguen, se haga una modificación de la ley de vivienda en la cual, se sancione de manera retroactiva y se repercuta el importe de la ayuda al propietario, por no depositar la fianza, con la correspondiente sanción.
  • Que se considere no depositar la fianza como falta muy grave, para aumentar las sanciones  y de que se sancione con retroactividad a los actuales propietarios por no tener depositada la fianza.
  • Que se informe a la Agencia tributaria tanto estatal como autonómica, a los departamentos correspondientes de los ayuntamientos, como por ejemplo, urbanismo, licencias, etc así como al inquilino cuando el propietario incumpla sus obligaciones para que los organismos correspondientes revisen el cumplimiento de todas las obligaciones legales en todas las propiedades de ese propietario.
  • Que se informe a los inquilinos de que pueden reclamar judicialmente al propietario cuando la ayuda sea denegada por no haber depositado la fianza.
  • Que se facilite la presentación de solicitudes de todas las personas aunque la fianza no esté depositada, para dejar claro el fraude masivo y poder sancionarlo.

No podemos tolerar más esta situación. En campaña electoral nos dicen que el ayuntamiento de Palma construirá 1500 viviendas sociales. Luego, después de las elecciones, reconocen, que tan solo pretenden ceder solares al IBAVI. El IBAVI dice querer construir apenas 500 viviendas cada año en las Islas  Baleares Sin embargo, en los primeros 4 años, no ha empezado a construir ni siquiera las primeras quinientas viviendas. La esperanza de las 1600 viviendas sociales de Son Busquets anunciadas a bombo y platillo desde 2006, se esfuman de nuevo desde el momento en que el ministerio de defensa ha decidido subastar el solar para poder pagar las deudas de armamento.

La impresión acertada de miles y miles de familias es que nos encontramos ante un juego de trileros en que el poder político y el estado está sometido a los intereses de los banqueros, los fondos buitres y también de muchos propietarios rentistas que con más o menos viviendas se aprovechan de leyes injustas para defraudar a la administración y exprimir hasta el límite a los inquilinos.

Hay que luchar por nuestros derechos desde todos los frentes. Reclamaciones por escrito a la propiedad, a la administración, demandas en los juzgados, para poder encarar la burbuja con algo más de aire.

Sin embargo, sin una gran movilización, este problema no va a tener ningún tipo de  solución de fondo. Es urgente y necesario que las familias trabajadoras se organicen para poner freno a esta situación, saliendo a la calle, hasta acabar con esta burbuja exprimidora que está dejando en la calle a miles de familias cada año.

Nos vemos todos los viernes de julio de 18h  a 19h en C/ Joan Alcover, 54 bajos de Palma.

Contacta con Stop Desahucios para ponerte en contacto con el grupo de afectados de tu barrio de Palma o pueblo de Mallorca, escribiendo al whatsapp 603265889 o bien al correo stopdesahuciosmallorca@gmail.com

¡NO TOLERAMOS NI UN DESAHUCIO MÁS!

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