Stop Desahucios Mallorca respondemos a Jose Hila. ¡Infórmese bien y no falte a la verdad!

A cerca de las declaraciones de José Hila sobre la actuación de la oficina anti-desahucios, hay que decir que por alguna razón, falta a la verdad.

Usando la fuente de Diario de Mallorca, “La familia de Can Capes que fue obligada ayer, con cargas policiales incluidas, a abandonar su domicilio habitual no solicitó ayuda a la oficina municipal antidesahucios, según ha confirmado esta mañana el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila. Según Hila, tal como consta en el expediente abierto tan solo se solicitó un informe de vulnerabilidad, que los servicios municipales redactaron.

No obstante, no pidieron que la oficina mediara para intentar paralizar el lanzamiento, puesto que alegaron que disponían de asesoramiento legal y que confiaban plenamente con sus abogados.”

Nos consta por la familia que la oficina sí solicitó ayuda a la oficina anti-desahucios, que la oficina conocía el contenido de la demanda en la que se reclamaba un mínimo importe que jamás se adeudó. También nos consta que la familia comunicó a la oficina anti-desahucios que el abogado había respondido tarde a la demanda y que no confiaba en su labor. Nos consta una llamada de una empleada de la oficina anti-desahucios en la que le recriminaba el retraso y le incitaba a presentar, por lo menos, el aplazamiento, para no dejar en absoluto desamparo a la familia.

La familia constata que tan solo le ofrecieron hacer el informe social, el centro de acogida, una lista de guarda-muebles y que por supuesto, le negaron tener viviendas.

Por tanto, el sr Hila falta a la verdad. Hay que decir que No se ha puesto en contacto con la familia, ni con Stop Desahucios para conocer los hechos. De hecho, no ha querido dialogar con Stop Desahucios en toda la legislatura.

Cualquier abogado o activista con conocimientos y experiencia, vería claro, que ante una demanda por parte de la propietaria que intenta inducir a engaño, entre otras posibles acciones, hay que animar y asesorar a los afectados para interponer una demanda por estafa procesal.

De la misma forma que ante un abogado que no hace su trabajo, solo cabe ayudar a la familia a presentar una queja formal al colegio de abogados y exigir daños y perjuicios por las consecuencias del error. De hecho, para eso está el seguro del colegio y para eso cobró su minuta el abogado, que por cierto, era abogado privado (no de oficio).

Ante un propietario que incumple la ley en algún punto con el fin de desahuciar, es necesario asesorar a la familia de la forma en que investigar a la propiedad para detectar todo incumplimiento legal por parte del propietario, quedando en manos del afectado/a la decisión de denunciar directamente o negociar con esa baza bajo el brazo la permanencia en la propiedad en condiciones justas.

Por todo ello, las familias necesitan ser correctamente asesoradas, para hacer las comprobaciones pertinentes en el registro de la propiedad, el IBAVI, hacienda, etc.

Para advertir, demostrar y enfrentar el moobing inmobiliario hacen falta medios suficientes y voluntad. Por nuestra experiencia afirmamos que la administración puede estar escasa de medios, pero sobretodo, esta escasa de voluntad o por lo menos de cierta agilidad y protocolos contra el moobing inmobiliario.

Insistimos, el acoso inmobiliario es delito. Valga la pena recordar la condena contra Fernando Palazuelo por acosar a Miriam Rader en la emblemática lucha contra los desahucios, la especulación y la destrucción de patrimonio cultural que nuestra compañera lidero hace ya años en las torres del temple de Palma. Por tanto, ¿por qué no lo detecta ni lo denuncia?

Nosotros le preguntamos al ayuntamiento. ¿Cómo se puede mediar con presuntos delincuentes en plena acción de delito de acoso inmobiliario sin por lo menos usar todas las herramientas que permite la ley?

Al parecer la noción de mediación del ayuntamiento pone al mismo nivel a desahuciadores y desahuciados. Le da igual si el propietario tiene 4 casas y 4 empresas que si es una abuelita con una pensión no contributiva y que está a expensas de cobrar la renta del alquiler. Esta visión de mediación, no sirve a los intereses de las personas que sufren la peor emergencia habitacional de la historia de nuestras islas.

Al no contemplar todas estas cuestiones y por tanto, desproteger a las familias trabajadoras el ayuntamiento deja hacer y por tanto, favorece a los propietarios especuladores y supuestos delincuentes que deberían ser condenados por la justicia y sancionados por las distintas administraciones.

También nos indigna la negativa de Hila a condenar la carga policial:

Según Diario de Mallorca: “En relación a la carga policial de ayer el teniente de alcalde no ha querido opinar porque ha manifestado desconocer las circunstancias de la actuación. No obstante, ha recordado que «la oficina antidesahucios municipal ha evitado numerosas cargas policiales como la de ayer, comunes día si y día no en el pasado mandato».

Le recordamos a José Hila una serie de hechos:

1) El desahucio exprés de alquiler lo aprobó la ministra del PSOE Carmen Chacón y el gobierno Zapatero. El decreto que el congreso no convalidó, apenas reformaba este aspecto.

2) Los dirigentes del PSOE gobiernan y cogobiernan el gobierno central, autonómico, Consell y muchos ayuntamientos incluido el de Palma. La delegada del gobierno es del partido socialista y dirige las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.. El ministerio del interior lo dirige el gobierno de Pedro Sánchez…

3) Para un socialista nunca debiera ser una opción ser imparcial entre la violencia del estado y las legítimas e imprescindibles protestas sociales.

4) Los centros de acogida en los que denunciamos maltrato institucional no son alternativa. Los aplazamientos de un mes no son la solución. Dejar viviendas vacías y renunciar a construirlas no es una opción. Destruir vivienda pública adrede como en Camp redó y tener abandonado buena parte de las viviendas públicas municipales es impropio de un gobierno de izquierdas.

José Hila no podrá encontrar ninguna acción reprochable en los manifestantes. Ahora bien, aunque hubiera algún gesto que se pudiera discutir, esa equidistancia entre desahuciadores y desahuciados nos resulta vomitiva y más viniendo de un supuesto defensor de los trabajadores.

El mecanismo del ayuntamiento puede lograr soluciones para enervar a tiempo alguna demanda de alquiler (a las que a menudo llegan tarde o les faltan recursos). El mecanismo del ayuntamiento puede servir para el mal menor de las daciones en pago, alquileres sociales a 3 años. Sin embargo, no sirve para luchar por el derecho a la vivienda, sino para tratar de contener las luchas por el derecho a la vivienda. Su única virtud, es que cuentan con los impuestos que todos pagamos con lo cual, pueden ofrecer algunas ayudas económicas para enervar las deudas por alquiler y archivar las demandas. Sin embargo, en este caso ni siquiera hacía falta esto, pues como sabe la familia pago todo el alquiler y toda la minuta de su abogado. Ninguna oficina municipal suplirá la función que solo los inquilinos organizados podemos hacer. Ninguna confianza en las administraciones.

Nos parece un vergonzoso acto de propaganda electoral sucio y oportunista que la concejalía de urbanismo publicité sus cifras manipuladas de desahucios atendidos, cada vez que Stop Desahucios y otras organizaciones paramos o no un desahucio. Y más en este caso, en que las cifras no son noticia, porque ni siquiera son nuevas, sinó que ya han sido publicadas con anterioridad.

Intervención en el pleno de la Compañera Maria José Ordóñez desmintiendo a Hila